La Habana, Cuba, sede de
los diálogos de paz, junio 20 de 2013
Diez propuestas mínimas
Continuación:
3. Garantías plenas a las
organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio
de la política en el evento de un Acuerdo final
De pactarse un Acuerdo
final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones
guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para
que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el
orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos
institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho
a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a
organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de
comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros;
conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los
mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual
de las organizaciones y sus combatientes.
4. Democratización de la
información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
Con miras a estimular y
fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la
democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores
sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en
este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de
información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas
especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de
comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se
garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio,
televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a
organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta
publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e
incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación
en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores
sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad
LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de
comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software
libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet
para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa
nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a
internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de
manera concertada un programa especial de información y comunicación para la
paz con justicia social y la reconciliación nacional.
5. Estímulo a la
participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios
La participación política
conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes
territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas,
económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el
excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local,
proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y
criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación
Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones
-definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos
y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas,afrodescendientes y
demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación
en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que
sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la
participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el
proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias,
acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno
central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y
distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características
particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la
categoría de entidad territorial especial.
6. Participación social y
popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial,
de la política económica.
El proceso de diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de
planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus
diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el
caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes;
se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de
unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.
En particular, se
garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo
Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de
Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los
planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de
ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se
garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El
régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca
central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del
Estado y del buen vivir de la población.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS
FARC-EP
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