La Habana, Cuba, sede de los
diálogos de paz, junio 19 de 2013
Participación política para la
democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación
nacional
Diez propuestas mínimas
Con el
propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de
democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de
contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares,
criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las
condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia
participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora
excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser
gobierno.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus
combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios
masivos de comunicación
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y
los territorios.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y
de la planeación y, en especial, de la política económica.
7. Garantías de participación política y social de comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales
excluidos.
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de
integración de Nuestra América
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación
nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10.
Convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente.
Para
conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo, desarrollamos
hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:
1. Reestructuración democrática del
Estado y reforma política.
Se requiere una
reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y
participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad
pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar
las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el
buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y
la miseria. Todo ello, acompañado de la correspondiente disposición de recursos
de presupuesto.
La
reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los
poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos,
eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y
estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades,
incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder
Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor
democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la
reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de
la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera
especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su
escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la
convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La
reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral
que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones,
erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y
mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la
credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral.
Se reformará el
poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas
opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política,
suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de
las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas
de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos
de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General
y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.
2. Garantías plenas para el ejercicio de
la oposición y del derecho a ser gobierno.
Se promoverá el
derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán
acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las
organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales
opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se
supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la
Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y
colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de
estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de
acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se
generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la
oposición.
El Estado
suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el
ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los
sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para
proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en
las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido
y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron
objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de
no repetición.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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