Realidades de los habitantes de las Comunas 1, 3, 8, 9 y 13 de Medellín

Por Sofía Hernández, FURJA

Lunes, 07 Enero 2013 / Para la ejecución de las obras necesarias para implementar este modelo de desarrollo, han sido múltiples los casos en los cuales los violentos en los barrios han facilitado la realización de proyectos importantes. Para poner un ejemplo la construcción del Metro Cable en la Comuna Uno Popular, donde muchas personas fueron amenazadas por la ilegalidad para que abandonaran sus casas, justo donde se estaban realizando obras para la construcción de las torres y estaciones.

Realidades de los habitantes de las Comunas 1, 3, 8, 9 y 13 de Medellín

Para los que habitan las comunas de Medellín, no es un secreto la relación que hay entre el desarrollo de la ciudad y la violencia de las supuestas estructuras criminales armadas. El control territorial que ejercen las bandas y combos delincuenciales en los barrios les posibilita tener un control económico y un control social, frente a la mirada negligente y a veces cómplice de las autoridades oficiales. Este control territorial, económico y social ha sido puesto al servicio de los intereses de quienes buscan consolidar un modelo económico de desarrollo que a todas luces resulta excluyente y que no le importa atender las múltiples y graves problemáticas que padecen quienes habitan las laderas.

Para la ejecución de las obras necesarias para implementar este modelo de desarrollo, han sido múltiples los casos en los cuales los violentos en los barrios han facilitado la realización de proyectos importantes. Para poner un ejemplo la construcción del Metro Cable en la Comuna Uno Popular, donde muchas personas fueron amenazadas por la ilegalidad para que abandonaran sus casas, justo donde se estaban realizando obras para la construcción de las torres y estaciones; o como el túnel de occidente en la comuna 13 San Javier, o para poner un ejemplo todavía más cercano en la comuna 8 Villa Hermosa, recientemente se han producido desplazamientos por amenazas de los grupos ilegales, precisamente donde se tiene proyectado la realización de obras como las estaciones de Metro Cable en los barrios Trece de Noviembre , La Sierra y Esfuerzos de Paz.

Frente al macroproyecto Cinturon Verde

Si todo lo anterior sucedió con la construcción de las obras del Metro y Metro Cable, ¿qué pasará ahora con los casi 5.000 predios catastrales que necesita el proyecto Cinturón Verde en la franja alta de las comunas 1,3 y 8, muchos de ellos ubicados en retiros de quebradas o zona de alto riesgo?, ¿cómo se adquirirán esos predios? ¿Cómo se va a hacer el pago de las indemnizaciones? ¿Qué sucederá con las familias que están por fuera del perímetro urbano?, ¿qué pasará con las familias que ya obtuvieron un subsidio de vivienda y que no aplican para otro tipo de subsidios? ¿Habrán desalojos?, ¿los desplazados van a ser desplazados nuevamente? ¿ya están definidas las reubicaciones? ¿Cuáles serán las condiciones para el reasentamiento?, ¿les tocará pagar impuestos más costosos a los que quedan? , ¿qué pasará con las familias que no tengan escrituras?, ¿qué sucederá con lotes que se tienen en posesión con sembrados?, ¿se reconocerá el trabajo realizado? ¿qué va a pasar con las familias donde vive más de un núcleo familiar? Con el Cinturón Verde se generará una valorización de estos suelos y de rentas urbanas tanto para el Estado vía impuestos, como para los privados vía compra de tierras en áreas periféricas y la implantación de proyectos turísticos en el marco de ciudades competitivas en el mercado mundial.

Más que un proyecto ambiental y como se planteó inicialmente es un proyecto urbanístico que genera una rentabilidad muy importante para ciertos gremios económicos, además de legitimidad política a ciertos grupo políticos. Las montañas de Medellín donde históricamente han construido las comunidades que en su mayoría han sido víctimas del conflicto armado tanto urbano como rural, no han dejado de luchar para que su sueño de vivir con dignidad en un territorio sea posible, dándole solución desde el intercambio de saberes a las necesidades que se iban presentando. La escuela, la iglesia, las carreteras, la vivienda, los acueductos, la energía, han sido derechos que los habitantes de esta ciudad, han tenido que ir solucionando en la cotidianidad.

El cinturón verde no sólo elevará el precio del suelo, sino también incrementará el costo de vida de las comunidades, pero sin mejorar sus condiciones socioeconómicas. Paradójicamente, en la conmemoración del DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS en Medellín, investigaciones de varias ONG hacen las siguientes denuncias: “Más de 8.387 personas desplazadas este año en Medellín, ONG analizan la situación de Derechos Humanos en la ciudad”. (Informe presentado el lunes 10 de diciembre de 2012, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos en Medellín.) “8.387 es la cifra de personas que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas en Medellín, según el informe 2012 de la organización Convivamos, registrado del 1 de enero al 20 de noviembre de éste año, como consecuencia de los graves hechos presentados por el conflicto armado urbano en algunos barrios de la ciudad, por la situación de violencia, desempleo, discriminación y problemáticas que atentan contra los derechos humanos.”

Como resultado de algunos de los informes, las comunas donde más se presentó desplazamiento forzado en la ciudad, son en su orden las comunas 13, 8, 9, 1 y 3. Las principales causas de desplazamiento fueron las amenazas, el reclutamiento ilegal, los homicidios, las agresiones físicas, el control territorial, el control social y los constantes delitos contra la integridad y libertad sexual sobre las mujeres. La Comuna 13 continúa presentando la mayor tasa de homicidios y víctimas desplazadas forzadamente por la violencia urbana en la ciudad. Las comunidades de afros e indígenas, son unas de las más afectadas por el desplazamiento forzado interurbano en Medellín. Paradójicamente, la Comuna 13 es la que cuenta con mayor presencia de fuerza pública en la ciudad, con 11 puntos militarizados permanentemente, 7 estaciones de policía y 3 CAI, y la que presenta la

mayor cifra de homicidios, correspondientes al 13.9% de los casos en Medellín.

Si bien se han documentado casos de agresión, abusos de autoridad, procedimientos policiales irregulares y connivencia de la fuerza pública con los actores armados ilegales, la Personería de Medellín sólo ha recibido 6 quejas en la Comuna 13, entre enero y noviembre de 2012. Esto demuestra la desconfianza que la comunidad de esta zona de la ciudad tiene frente a la institucionalidad del Estado. Los actos de violencia, que sufren las comunidades de barrios populares de la ciudad, ponen en evidencia toda una gama de hechos delictivos y de lesa humanidad que hasta el momento, permanecen en la impunidad. Los niños y las niñas, son utilizados como botín de guerra en el conflicto armado urbano en la ciudad, aumento de subregistros en las cifras de violación a los derechos humanos, que muchas de las víctimas no denuncian por temor; situación que recrudece aún más fenómenos como el desplazamiento forzado interurbano en la ciudad.

De todo lo anterior se deduce que lo único que le queda al pueblo es organizarse y luchar para defenderse de estos padrinazgos que la administración municipal actual y las anteriores han tenido con estos grupos armados, lo cual ha sido muy evidente por la institucionalización del paramilitarismo que han utilizado para arremeter contra la población y lograr sus propósitos de convertir la ciudad en un centro turístico sin importar cuanto sufrimiento le han causado a miles de familias, cuanta sangre derramada por causa del desarrollo urbanístico.

Sólo la organización y la lucha nos liberará de los verdugos; sólo con la unidad y la movilización lograremos un país sin desigualdades, con paz y justicia social.

Partido Comunista Clandestino de Colombia