Documento
sobre la Militarización de Colombia: pérdida de soberanía e injerencia regional
Destacado
por
Bernardo Salcedo, Delegación de Paz FARC-EP
la
oligarquía colombiana autorizo a los EE.UU no solo la utilización de 7 bases
militares (Palanquero, Tolemaida, Apiay, Larandia, Bahía Málaga, Cartagena y
Malambo) sino lo que es más grave la utilización de todas las bases comerciales
existentes en el país, convirtiéndolas en avanzadas militares..
Sobre el
tema trascendental
de la
militarización del país.
Existen
algunos temas que implícitamente no aparecen relacionados en el preámbulo del
“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”, ni en la Agenda contenida en el mismo acuerdo suscrito con
el Gobierno colombiano. Sin embargo, no se puede evitar al profundizar en
algunos de ellos, pues no se trata de un recetario anquilosado donde solo
cabria la definición de la relación de términos contenidos tanto en el Acuerdo
General como en la Agenda de seis puntos. Esto quiere decir que se puede opinar
y proponer sobre temas como Soberanía Nacional, Sistema Económico, Régimen Político,
etc.
Quiero
referirme a uno de ellos que, por su importancia, es necesario fijar una
posición, pues tiene que ver con lo consignado en el preámbulo con relación a
que “…Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el
desarrollo regional y mundial…”. Pues la paz no es simplemente el silencio
de los fusiles y menos de una sola de las partes.
Si, se
trata del tema de la SOBERANÍA NACIONAL Y MILITARIZACION del país que
tiene implicaciones igualmente con la posibilidad de una paz no solo nacional
sino regional y mundial. En primer lugar la existencia de acuerdos militares
con potencias extranjeras que como ocurre con “Plan Colombia” y el mal llamado
“Plan Patriota” donde los gringos vienen poniendo las armas y el pueblo
colombiano los muertos. Porque el régimen colombiano ha sido indigno, plegado y
arrastrado al cumplimiento de las estrategias de los EE.UU. que, bajo el
pretexto de la “lucha contra las drogas y las guerrillas”, busca entre otros
los siguientes objetivos:
·
Asegurar el control vital de una zona del dominio imperial
que es América Latina.
·
Controlar la biodiversidad y en general los recursos
naturales de la región, en especial de la Amazonía y la Orinoquía.
·
Consolidar su dominio ideo-político en una zona que
consideran de desórdenes interiores en los países vecinos que forman parte del
ALBA, particularmente contra Venezuela (petróleo) y Bolivia (litio).
·
Imponer su política neoliberal del mal llamado libre
comercio.
No hay que
olvidar que con la firma del “Plan Colombia” en el año 2000 la oligarquía
colombiana autorizo al gobierno de los EE.UU. no solo la utilización de siete
bases militares (Palanquero, Tolemaida, Apiay, Larandia, Bahía Málaga,
Cartagena y Malambo) sino lo que es más grave la utilización de cualesquiera de
las bases comerciales existentes en el país, convirtiéndolas en avanzadas
militares, con total inmunidad (léase impunidad) para el personal militar
estadounidense y de “contratistas” (mercenarios) que tienen carta blanca para
violar las leyes colombianas.
De todas
estas bases militares, Palanquero es la principal base aérea de combate en el
país, financiada por el Plan Colombia con 46 millones de dólares, con pista
para todo tipo de aviones y a la cual le fue levantada la sanción gringa por la
participación de algunos de sus mandos en la masacre de Santo Domingo..
“El 13 de
diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del municipio de Tame,
Arauca, un helicóptero UH-1H de matrícula FAC-4407 de la Fuerza Aérea
Colombiana – FAC-, arrojó un explosivo cluster, con el apoyo de un avión
perteneciente a la empresa estadounidense OXY, causando la muerte de 17
civiles, entre quienes estaban: Luis Carlos Neite Méndez (5 años), Edna
Margarita Bello (5 años), Jaime Castro Bello (4 años), Deysy Catherine Cárdenas
Tilano (7 años), Jorge Vanegas (10 años); Wilfran Gaitán Serrano (13 años)
y,Giovanny Hernández Becerra(17 años); y resultaron 25 heridos, entre los
cuales se encuentran 9 niños y niñas”.
El Estado
promovió la impunidad con sus actuaciones posteriores a la masacre, entre ellas
permitir que la investigación estuviera a cargo de la Justicia Penal Militar
por un largo periodo y que ahora, a pesar de la enorme inconformidad y
protestas levantadas en el país contra el proyecto de ley se pretende ampliar
el fuero militar que implicara mayor impunidad.
Sin pena
ni gloria el gobierno colombiano, con la complicidad de las élites financieras
y los grandes medios de comunicación, firmaron tal Acuerdo recibiendo a cambio
diariamente entre 2 y 3 millones de dólares en “ayuda” militar con destino a la
fuerza pública (ejército, aviación, armada, policía, organismos de seguridad,
etc.), ayudándole a EE.UU. a suplir en Colombia las operaciones antidrogas que
realizaba en la base ecuatoriana de Manta, de donde el nuevo gobierno de Rafael
Correa en un acto de soberanía los expulsó.
Colombia
es uno de los países más militarizados del planeta, pues cuenta con un ejército
de más de 600 mil efectivos, que entrena a otros de Panamá, Perú, chile, África
y oriente medio; el más moderno armamento ofensivo y con experiencia de
participación no solo en guerras internas sino internacionales como integrante
de fuerzas multinacionales MFO (Multinational Force and Observers),
fuera del marco de la ONU, participando al lado de los EE.UU. en guerras como
la de Corea y el Sinaí. Además de la presencia de cuerpos armados
paramilitares, muchos de ellos tolerados por algunos mandos del ejército y la
policía, es conocida la presencia de tropas y organismos de inteligencia
estadounidense e israelita, todo lo cual constituye una amenaza latente para
los gobiernos democráticos que se vayan estableciendo en América Latina.
Es por todo esto que las FARC-EP en su Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia“Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa: (No solo a una) Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación”, sino que, además planteamos en su segundo punto:
“2. La
doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del
mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las
garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al
pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional,
respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto
acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional
dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que
cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los
derechos humanos”.
Cordialmente.
Bernardo
Salcedo
La habana,
dic.29 de 2012
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