Por Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP.
Marzo
10 de 2012
AUDIO: https://www.box.com/s/15b648d7cae64504d1c1
La “restitución de tierras”,
dentro de la llamada “revolución agraria” de Juan Manuel Santos, no es un acto
humanitario y de reconciliación social, sino el procedimiento engañoso para
darle marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo
largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, del que el actual Presidente fue su Ministro de Defensa y jefe de
los llamados “falsos positivos”.
El gobierno conoce perfectamente
que al menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53.5 % de
la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2.2 millones de familias
campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área restante. Y no es este
grueso problema el que pretende resolver; menos cuando está claro que en dos
décadas las pobrerías agrarias han sido despojadas de alrededor de 7 millones
de hectáreas por los agentes del Terrorismo de Estado.
Es inocultable el objetivo de darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue
un despojo violento y criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la
geografía de la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los
territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes,
formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más rigor
y eficacia la acumulación capitalista:
Organiza
el mercado de tierras
-
Favorece la incursión y consolidación de las
trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento del espacio para su
depredación.
-
Facilita la explotación a fondo, “dando garantías”
al capital, a los inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los
territorios, y a lo que llaman derechos de superficie.
-
Proyecta con la legalización, un despojo en
términos legales porque responderá a un ordenamiento que se presentará como
necesidad o prioridad nacional sobre la que no se permitirá obstáculo alguno.
Cuando se requiera que alguien transmita su derecho de propiedad esto tendrá
que hacerse porque así lo define la ley y punto o simplemente, a las buenas o a
las malas, se debe ceder la tierra en renta; algo muy “democrático”
seguramente; la democratización del rentismo, que es una forma más cínica del
despojo.
-
Así, reiteremos,
se le “restituye” la propiedad a los despojados para luego obligarles al
arrendamiento. Se trata de lo que los especialistas llaman “solución
financiarizada de la cuestión agraria”. Pero como si fuera poco esta
reprimarización y desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de
la tierra, se reforzará el procedimiento con las pretensiones del “Proyecto de
Ley General Agraria y de Desarrollo Rural”, que reordenará el territorio en
función de la depredación; en fin, la dictadura de la entrega del país a las
trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la exploración
petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y explotación mineras;
12 millones de hectáreas para la explotación forestal también extractiva; 39.2
millones de hectáreas para la ganadería extensiva; 3.6 millones de hectáreas de
producción agrícola, cuando se tiene un área cultivable de 21.5 millones de
hectáreas, de un total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país.
DIBUJADO ESTE PANORAMA, la insurgencia,
aparece como un factor incómodo para que las transnacionales y sus lacayos
oligarcas criollos continúen el saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí
deriva el sufrimiento de Juan Manuel por la existencia de la insurgencia, más
cuando se había convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin
de la guerrilla.
La rendición de nuestras banderas no pasa de ser el delirio
de un servil monigote vende-patria al que nada importa la destrucción del
páramo de Santurbán ni de la gente de la que depende su riqueza hídrica; nada
le importan los destrozos ambientales y sociales que produzca en el Huila la
hidroeléctrica El Quimbo, nada le importa la suerte de las 500 familias que
serán desplazadas de manera obligada sino el lucro que obtendrá la
transnacional EMGESA; nada le importa la suerte de los cuatro millones de
colombianos cuyo abastecimiento de agua depende de las fuentes de La Colosa en
Cajamarca; su interés se centra en las ganancias que puedan generarle a los
capitalistas los 9.000 títulos de explotación y los 20.000 que están en trámite
(4 % y 20 % del territorio nacional respectivamente), dispuestos para alimentar
el hambre de oro de las trasnacionales.
Negocios son negocios, así que
para qué preocuparse por la pauperización creciente de los 12 mil trabajadores
tercerizados en el enclave petrolero de Campo Rubiales. Lo importante es que en
el balance del año 2011 la empresita duplicó sus ganancias netas.
EN
ESTA HISTORIA LO QUE IMPERA es la diseminación de los
enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización laboral para
nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros bosques, la
degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la generación de los
agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la Orinoquia y de la Amazonia,
del Pacífico, del país entero…, la reprimarización, la desnacionalización, el
favorecimiento al capital financiero, la mentalidad apátrida contra el
bienestar popular.
¿Esta cruda realidad expresa
voluntad de paz de parte del régimen?
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