viernes, 3 de agosto de 2012

La tierra en Colombia (1): Los verdaderos autores del despojo (3-4)


Por Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP.
Marzo 14 de 2012.


A sangre y fuego en Colombia se ha construido un latifundismo improductivo, que se sostiene como base de poder tanto en manos de la plutocracia tradicional, como de los sectores llegados a estas esferas por la vía del narcotráfico y otros negocios propios de la actual lumpenización de la burguesía transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo, hasta el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el campo especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según estudios de 2009 presentados por la SAC, para el caso colombiano, una hectárea de tierra valía cuatro veces más que en países de extensión más pequeña como Ecuador, Uruguay o Paraguay.

La sub-productividad de la tierra también es evidente si atendemos al Informe de Desarrollo Humano de la ONU, del mismo año 2009, en el que se registra que aunque se considera que 21.5 millones de hectáreas de tierra en todo el país son aptas para la agricultura, sólo se dedican al cultivo 4.9 millones de hectáreas. Entre tanto, a la ganadería extensiva se dedican 39.2 millones de hectáreas; casi el doble de lo que se requeriría, implicando que, según FEDEGAN el hato existente de 22.5 millones de bovinos, resultaba como tener un promedio de dos hectáreas de tierra por res, con el agravante de que las mejores tierras han sido sembradas de pastos destinados a sostener esos hatos.

Pero como en una sinrazón, no son los latifundistas que tienen mejores condiciones para la producción, sino los pequeños propietarios de la tierra y los aparceros quienes históricamente han abastecido alrededor del 60 % de los alimentos que se consumen en Colombia, y hasta surtieron el mercado externo de café mientras este fue producto principal en la generación de divisas.

El desmadre de la neo-liberalización de la economía fue alentado por la “apertura económica” de los años 90. El señor Cesar Gaviria debe recordarlo bien, lo mismo que toda la oligarquía que secundó ese modelo que debilitó enormemente la agroindustria al empujar a la ruina a millones de agricultores, sobre todo minifundistas. Como resultado más evidente de tal descalabro está que entre 1991 y 2005 el valor de las importaciones agrícolas creció 424%, mientras las exportaciones solo aumentaron un 66%.

La estructura agraria en Colombia, desde 1990 hasta hoy, ha sufrido una fuerte concentración de la propiedad. Los estudios de IGAC-CORPOICA de 2002, indican que las fincas con más de 500 hectáreas controlan el 61% de la superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, lo cual se agravó a finales de la década, presentándose entre 2000 y 2009, y en especial a partir de 2005, una concentración mayor, particularmente en el 56.6% de los municipios. Los mismos estudios de IGAC-CORPOICA indican que de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente se están utilizando algo más de 4 millones; en contraste, se han dedicado 39 millones a pastos, para un hato de no más de 25 millones de cabezas, generándose una enorme pérdida del potencial productivo, mayor empobrecimiento de los pobladores del campo, su desplazamiento empujado ya no solamente por la violencia institucional y paramilitar, sino por problemas específicamente económicos.

Con exactitud nadie sabe cuánta tierra, en las últimas dos décadas, fue despojada a los campesinos colombianos mediante aplicación del terrorismo de Estado, pero ningún estudioso serio del problema baja la cifra de al menos 6 millones de hectáreas, generando un desplazamiento infame que ha lesionado a todo el tejido social, el cual aún no cesa.

He ahí la “Revolución Agraria” que ha venido haciendo “sin lucha de clases y sin fusiles” el señor Juan Manuel; es una verdadera contra-reforma que ha derivado en que el llamado índice de Gini referido a la concentración de la tierra en Colombia pasara en la última década de 0.8 a 0.9 % según datos del Banco Mundial citados por diversos estudiosos del tema.

Entonces, con todo esto que es solamente un asomo del problema, nos preguntamos ¿qué quiere decir Juan Manuel Santos cuando imputa a la insurgencia el despojo que las oligarquías han hecho?, o es que ¿acaso fue el comandante Manuel Marulanda quien suscribió el pacto de Chicoral de 1972? No hay que olvidar la historia: fueron dirigentes políticos y gremiales, liberales y conservadores, con el gobierno de Misael Pastrana quienes se reunieron en aquel balneario tolimense para congelar la posibilidad de una reforma agraria democrática, y proteger con ello “sus” grandes propiedades, las que acumularon despojando a los campesinos. Fueron ellos, los antecesores del despojo que hoy representan y profundizan las nuevas generaciones de la oligarquía.

Ahora, de peor manera que en el Pacto de Chicoral, los herederos de estas ratas van por el resto. Se plantean, por ejemplo, alcanzar dentro de 7 años 2.1 millones de hectáreas de palma. ¿Estaba Alfonso Cano dirigiendo Planeación Nacional cuando se decidió esta locura o cuando se pensó en reorientar los cultivos de caña de azúcar para producción de etanol? Hasta donde se sabe, de las más de 190 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar que se dedicarán a la producción de etanol, el consorcio Ardila Lule controla al menos el 60 % de la producción del carburante. Por ningún lado se conoce que el Estado Mayor Central de las FARC tenga acciones en ese calabazo de cucarachas. Y, ¿quién decidió que se alcanzaría la siembra de un millón de hectáreas de éste cultivo en el mismo 2019? Con certeza no fue el comandante Timoleón Jiménez.

Al despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a la posibilidad de una Reforma Agraria Real que acabe con los latifundios, entregue equitativamente la tierra a los campesinos y enfrente la oleada de privatizaciones y re-privatizaciones que para el caso colombiano apuntan al favorecimiento a las transnacionales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario